sábado, 12 de abril de 2025

Rechazo del TSJG a la conversión de los jugados de instrucción de Galicia

Tal y como STAJ solicitó recientemente, en escrito remitido al Ministerio de Justicia ver noticia, el alto tribunal gallego (TSJG) rechaza la eliminación de los juzgados de instrucción  gallegos (en las ciudades de Vigo y Coruña) y su conversión  en juzgados de violencia sobre la mujer pues con ello únicamente se conseguiría aumentar el numero de asuntos anuales en los siete restantes.

La Ley de Eficiencia Procesal parece abarcarlo todo. Son muchos, y de calado, los cambios que trae consigo esta ley, cuyo grueso entró en vigor el 3 de abril, si bien algunas de las reformas aún se demorarán algunos meses. Una de ellas es la que delegará en los juzgados de Violencia sobre la Mujer la competencia de todos los delitos sexuales, incluida la trata con fines de explotación sexual, en los que las víctimas sean mujeres e independientemente de si mantenían o no una relación de afectividad con el agresor. Esta modificación legal empezará a aplicarse el 3 de octubre, pero en Vigo y A Coruña  la decisión está provocando todo un revuelo judicial. Y ello por la previsión del Gobierno central de transformar, mediante un Real Decreto Ley, juzgados de Instrucción para convertirlos en juzgados especializados en violencia machista.


Así mismo, en Madrid hay un rechazo frontal de 15 jueces decanos a convertir juzgados de instrucción en juzgados de violencia de género.

Los jueces decanos de 15 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid han hecho público su rechazo «más rotundo y firme» a la intención del Ministerio de Justicia de transformar —mediante un Real Decreto-Ley que está en fase de borrador— tres juzgados de instrucción de Alcalá de Henares, Móstoles Torrejón de Ardoz en juzgados de violencia sobre la mujer.

El comunicado, firmado por los decanos de estos tres partidos judiciales y respaldado por los de los 17 restantes (Alcobendas, Alcorcón, Arganda del Rey, Aranjuez, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna, Valdemoro, Colmenar Viejo, Majadahonda y Pinto), alerta de que esta medida supondría una merma grave de medios personales y materiales dedicados actualmente a la investigación penal ordinaria, afectando directamente a más de 800.000 ciudadanos, aunque la realidad es que la población de todos esos municipios sumada se eleva a 1.540.802 habitantes.

Fuente: confilegal.com

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