El
Tribunal Supremo acogió en el día de ayer el solemne acto de apertura del año
judicial en un
ambiente que ha ido caldeándose en los últimos meses. Las
cuatro asociaciones mayoritarias de la carrera han elevado el tono de sus
reivindicaciones, centradas en tres puntales: independencia, modernización de la Justicia y la
recuperación de las retribuciones que vieron recortadas en los
años de la crisis.
Fuentes
de las cuatro asociaciones aseguran que
recurrir a los paros es una
opción que mantienen como un "último recurso" pero que no descartan
en absoluto. Ya en 2009 y después en 2013, los jueces fueron a
la huelga, en la última ocasión acompañados de los fiscales.
La
situación no ha mejorado en el tiempo transcurrido desde entonces. Los miembros
de la carrera siguen abanderando las mismas reclamaciones que condensaron en 14
propuestas remitidas al presidente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Carlos Lesmes, antes del verano. En una acción coordinada más allá de
colores políticos, elaboraron un
documento "ineludible" para mejorar la Justicia. No
obstante, y más allá de promesas "inconcretas", los jueces no ven
avances y empiezan a perder la paciencia.
La
primera de sus preocupaciones pasa por mejorar la independencia judicial en una
acción centrada en el CGPJ, al que muchos critican por abanderar en su última
etapa un "mandato
desolador" que les ha retirado el amparo. Reclaman un
profundo cambio en la elección de los vocales del órgano y el fin de un sistema
que tachan de "presidencialista". La vuelta de la dedicación
exclusiva de los vocales y el amparo efectivo de los miembros de la carrera
judicial de los ataques contra su labor se suman a esta lista.
Respecto
a la modernización de la administración de Justicia, exigen un plan de inversión, no solo
suficiente sino que se mantenga en el tiempo. "Un plan
decenal de inversiones prorrogable" y que se destine a incrementar el
número de jueces, modernizar los edificios o avanzar en el uso de nuevas
tecnologías.
Otra
de las prioridades es alcanzar ya una
compatibilidad de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo
el territorio nacional, según la comunidad autónoma de que se
trate, y dotar de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con
competencias en la lucha contra la corrupción, con especial atención a los
órganos de auxilio para los jueces y fiscales que trabajan en este campo.
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