El
TC señala que es exigible que jueces y tribunales cumplan su función
jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la
rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita
la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de
los medios personales y materiales precisos.
