La
junta de personal de Xustiza de Vigo criticó ayer las
"incertidumbres" que plantea el traslado de la Ciudad de la Justicia
al antiguo Hospital Xeral, proyecto que considera "políticamente
oportunista"; y pidió "una auditoría seria y externa" que valide
la viabilidad arquitectónica y económica para el uso judicial del viejo
complejo sanitario.
Los
representantes de los trabajadores creen que la idea de unir las dependencias
judiciales en un mismo espacio "es buena", pero reclaman una reunión
con el conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, para que "las incertidumbres
sean certezas" y haya un convenio con "todas las garantías".
En
concreto comentaron, en una comparecencia para valorar el plan, que la Xunta ha
presentado un informe con "12 páginas, de las que sólo una es
técnica", a partir del que avala un presupuesto de entre 25 y 30 millones
de euros. La junta pide una auditoría que evalúe el estado de las instalaciones
del Xeral para así evitar que el dinero caiga "en saco roto si luego el
edificio no vale".
En
relación al presupuesto, censuran que por parte de la Administración autonómica
"no hay un compromiso de gasto firmado más allá de 3 millones para este
año", lo que obligaría en 2017 y 2018 a poner 24 millones. Además, indican
que el protocolo firmado por la Ministra de Empleo "genera
expectativa" pero "no compromete casi nada".
La
junta también pone el foco en que la zona del Xeral, aunque céntrica, es
"complicada" para aparcar, y la propuesta para resolverlo resulta
"un poco anómala", puesto que plantea un estacionamiento de
superficie en el Anexo 1, "donde no hace mucho hicieron una inversión de
siete millones en tres quirófanos".
Sobre ello, el presidente de la junta, Xosé Barreiro (CIG), cuestiona "cómo se puede hablar de dinero y tirar una estructura -el Anexo 1- que puede seguir siendo usada para sanidad" sin que se haya convocado un concurso de ideas.
Fuente Faro de Vigo.