La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluirá un incremento del número de personas con discapacidad que
podrán trabajar como funcionarios de la administración de Justicia. El PP ha
introducido una enmienda de última hora en la norma que eleva de un 5 a un 7
por ciento el cupo y concreta que, de ese porcentaje, se reserva un 2 por
ciento a aquellas personas con discapacidad intelectual.
El Grupo Popular ya registró en el plazo de
presentación de enmiendas parciales otra previsión, en este caso para que los
magistrados que aspiren a una plaza en un Juzgado de Menores tengan que contar
además de su preparación específica, con formación especializada en violencia
de género antes de poder tomar posesión del cargo.
Establece que tras este proceso, «los que obtuvieran
plaza así como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse
por ascenso, deberán participar antes de tomar posesión de su nuevo destino en
las actividades de especialización en materia de menores y en materia de
violencia de género que establezca el Consejo General del Poder Judicial».