Catalá ha tomado posesión en el Ministerio de Justicia y, en
presencia de Gallardón, puso en cuestión parte de su legado, sugirió la
revisión de algunas de las medidas que dejó inacabadas y anunció el intento de
recuperar las relaciones muy deterioradas con todos los sectores de la
Justicia.
Las tasas impulsadas por Gallardón entraron en vigor en
diciembre de 2012, Catalá habló ayer de evaluar y analizar el funcionamiento de la norma
para decidir qué cambios pueden introducirse, sin más precisión.
En la última semana, antes de tomar formalmente posesión,
Catalá ha llamado por teléfono una por una a todas las asociaciones y colegios
profesionales vinculados con la Justicia para ofrecerles diálogo y transmitirles
el compromiso de buscar acuerdos en el año que queda de legislatura. El
ministro mencionó la “dotación de plazas de jueces y fiscales”, una de las
reivindicaciones no atendidas de los últimos años de esos colectivos.
El nuevo ministro aseguró que “es el momento de fijar
prioridades”. Eso quiere que el año que resta de legislatura es tiempo
insuficiente para abordar todas las reformas legales que puso en marcha con
distinto ritmo Gallardón. Es el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial que
pasó por el Consejo de Ministros y fue informada por Consejo de Estado, Consejo
General del Poder Judicial y Consejo Fiscal. El anteproyecto pretendía una
reforma total de la Justicia con innovaciones como la instrucción colegiada de
tres jueces. No ha sido mencionada por Catalá, lo que da a entender que no
seguirá adelante. Tampoco hay tiempo para la nueva Ley de Enjuiciamiento
Criminal que no ha pasado de borrador y que tiene imposible su tramitación.
Solo habrá retoques necesarios, por ejemplo, para aplicar la parte del nuevo
Código Penal referida a lo que antes eran faltas y ahora serán delitos menos
graves. El nuevo ministro habló de “la revisión de la justicia penal, la
reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la mejora de la justicia
gratuita, la implantación de un sistema ágil y eficaz en el Registro Civil así
como la dotación de plazas de jueces y fiscales”.
Catalá era hasta ahora secretario de Estado de Fomento y
entre 2002 y 2004 fue número dos de Justicia con José María Michavila como
ministro