Reformas que ya han supuesto en unos casos una limitación del acceso
a la Justicia por parte de los más débiles económicamente, y que en otros casos
supondrán, en buena medida, una privatización
de servicios para dejarlos en
manos privadas con el consiguiente riesgo para la concepción de la Justicia
como servicio público y para la propia subsistencia
de muchos puestos de trabajo.
Prueba de ello son la ya aprobada Ley de
Tasas, Ley del Registro Civil, atribución de funciones procesales públicas a
Procuradores, reforma del Proceso penal, reforma de la LOPJ y de la demarcación
judicial.
Escrito dirigido al Ministro