La
Plataforma Justicia para todos -de la que STAJ forma parte- manifestamos al Ministro de Justicia y al
Gobierno que:
1.- El
Gobierno debe retirar su proyecto de privatizar los Registros Civiles. Y debe
mantener su actual estado de servicio público, universal y
gratuito.
2.- Los funcionarios de
los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tienen la preparación,
la experiencia y la capacidad para sostener el Registro Civil sin
necesidad de privatizarlo, como viene sucediendo hasta el momento desde hace
muchísimos años. El Ministerio de Justicia debe aceptar expresamente que los
Registros Civiles mantendrán su condición de servicio público y que en los
mismos continuarán prestando servicios el personal de la Administración de
Justicia dotándolos de los medios personales y materiales necesarios.
3-. El Gobierno debe comprometerse a
garantizar que en los Registros Civiles todos los hechos y actos inscribibles,
relativos a la situación de las personas, seguirán sin suponer ningún
coste para la ciudadanía.
4.- En todo caso, el Gobierno debe
asegurar, en la Ley del Registro Civil, todo el empleo existente en
la actualidad, destinado en los Registros, únicos o compartidos con la
jurisdicción, y en los Juzgados de Paz, de toda España. Debe comprometerse a
que no habrá amortización de plantilla de la
Administración de Justicia.
Hoja informativa