La Comisión Europea ensalza la negociación colectiva y la necesidad de sueldos apropiados en una carta a los sindicatos.
Recursos, inversiones en infraestructura y personal cualificado y adecuadamente remunerado. La Comisión Europea considera que esos elementos son «indispensables» para que un sistema judicial funcione. El ejecutivo comunitario ha reconocido en una carta a los sindicatos españoles la necesidad de que los trabajadores reciban salarios apropiados. La misiva también ensalza el papel de la negociación colectiva. Supone un toque de atención a Félix Bolaños, ya que las organizaciones sindicales solicitan al nuevo ministro una reunión inmediata para concretar el aumento retributivo prometido a los funcionarios de Justicia.
Los comisarios europeos de Empleo, Nicolas Schmit, y de Justicia, Didier Reynders, han respondido a la queja que realizaron cuatro sindicatos en plena huelga de los funcionarios de Justicia. La carta inicial se envió en julio, cuando Bolaños no era aún el titular de la cartera. CSIF, STAJ, UGT y CCOO relataron al Ejecutivo comunitario los detalles del conflicto, cómo afectaba este a los procesos judiciales y los acuerdos que alcanzó el Gobierno con jueces y fiscales mientras se negaba a negociar con ellos.
La misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, destaca que la UE «reconoce y promueve el papel de los actores sociales con el objetivo de facilitar el diálogo entre ellos», aunque admite que la negociación colectiva es responsabilidad de los Estados miembros. Ahí radica el origen del conflicto. A finales de 2022, los sindicatos se sintieron desplazados en las conversaciones por el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público, uno de los planes estrella de Pilar Llop, predecesora de Bolaños.
Los sindicatos denunciaron que la norma, que no llegó a aprobarse, fue remitida a las Cortes «sin haber sido negociada a pesar de afectar de forma directa a nuestras condiciones laborales». Los funcionarios de Justicia comenzaron a reclamar en abril un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes «en concordancia» con el incremento pactado con los letrados. Los paros parciales se convirtieron en una huelga indefinida el 22 de mayo, días después de que el Gobierno aceptara subir los sueldos de jueces y fiscales, que amenazaron con ir a la huelga.
Los comisarios Schmit y Reynders reconocen en la misiva, firmada el 4 de diciembre, que «es competencia de cada Estado miembro garantizar» el derecho a la negociación y a la acción colectiva, tal y como establece el artículo 28 de la Carta de Derechos de la UE. Subrayan que el Consejo de la UE ya adoptó en junio una recomendación para que los países reforzaran el diálogo social.
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