En declaraciones realizadas por la Ministra a la cadena Ser y aunque se refiere a Muface que es quien tiene un mayor numero de funcionarios, entendemos que también se refiere a MUGEJU e ISFAS, que son las otras mutualidades de funcionarios.
Desmantelar el modelo MUFACE, que presta atención a cerca de dos millones de funcionarios en España, no figura entre los planes del Ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García, según ha aclarado en una entrevista concedida el lunes a la Cadena Ser y ha dejado entrever en los últimos días. Preguntada por qué va a hacer con MUFACE, García ha vuelto a ser contundente: "Tengo otras prioridades. Quiero que la sanidad pública sea lo suficientemente atractiva", precisó.
Porque, como ha venido subrayando en estos meses el sector privado, acabar con MUFACE acarrearía notables consecuencias. Recientemente, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas, advertía de las consecuencias de dar el paso: el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante esa futurible desaparición del modelo sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros.
Por eso, tras conocer que acabar con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que dirige Myriam Pallarés, no está entre los principales asuntos a acometer por el Ministerio de Sanidad, el sector privado respira con tranquilidad. La propia Fundación IDIS ya ha manifestado la relevancia de no considerar como una prioridad el abordaje del modelo de los funcionarios.
El mutualismo administrativo insiste IDIS, es un mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado -a través de MUFACE, pero también de MUGEJU, de los funcionarios de Justicia, e ISFAS, de los de Defensa- que genera ahorros al sistema público. A modo de ejemplo, se estima que la prima media de MUFACE se sitúa en 2022 en 1.020 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.674 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades), es decir, que el gasto generado por un mutualista sería un 39% inferior. Esto supone un ahorro de 654 euros por mutualista para la Administración.
Fuente: Cadena Ser
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras