Respecto de 2024 al
incremento fijo del 2% se podría añadir un 0,5% si el IPC acumulado de
2022,23 y 24 supera el 8%.
Lo que ya podemos afirmar con rotundidad, es que
para este año 2022, la suma del 2% que ya se nos aplica desde enero más el 1,5%
con efectos retroactivos de este acuerdo (total 3,5%) se traducirá ya en
el presente ejercicio en una nueva pérdida de poder adquisitivo para los
trabajadores públicos, teniendo en cuenta que el IPC en 2022
puede alcanzar el 9,1% según las previsiones de la OCDE, perdida a la
que habrá que sumar la del año 2021
donde el IPC fue del 6,5% y donde la subida
de los sueldos públicos fue del 0´9% con la justificación en la pandemia.
Lo mismo podemos afirmar del incremento pactado
para 2023 en cuanto a su parte variable (0,5%+0,5%) y del de 2024 (0,5%)
vinculados a variables de PIB e IPC. Para 2023 el Ministerio de
Economía prevé un crecimiento del 2,1% por lo que el 0,5% adicional vinculado a
PIB se firma a sabiendas de que no se va a cumplir. El 0,5% vinculado a la inflación
acumulada de 2022 y 2023 si esta supera el 6% supone que la subida seria del 3%, pero si el IPC superase el 6% como mínimo se perderían 3 puntos más de
poder adquisitivo.
Y respecto del 0,5%
adicional al 2% fijo para 2024 si el IPC acumulado del período 2022-2024
alcanza el 8%, lo que equivaldría a una economía en la UCI, sería una
tomadura de pelo para los trabajadores públicos al limitar su subida al 2,5%
total y la inflación por encima del 8% lo que implicaría como mínimo otros 6
puntos de pérdida de poder adquisitivo.
Desde STAJ manifestamos nuestro absoluto rechazo a
la oferta salarial acordada por el gobierno y los sindicatos CCOO y UGT porque precarizan aún más las
retribuciones de los funcionarios de la Administración de Justicia y al resto
de trabajadores públicos, que ya sufrimos una pérdida del poder adquisitivo
superior al 20% perdida que va a incrementarse estos años con una inflación muy
por encima de la subida pactada.