El
Ministerio convocó ayer a los sindicatos a una reunión por
videoconferencia, en la que anunció la aprobación urgente de un
nuevo Decreto Ley que modificará la actividad judicial.
Comprendemos
que nos citen con precipitación dada la situación de crisis, lo que
no es admisible es su total falta de transparencia. No ha concretado
exactamente lo que pretenden hacer ni nos ha dado nada por escrito,
por lo que no podemos saber si realmente tienen algo planificado o
están improvisando sobre la marcha.
Los
funcionarios judiciales queremos poder prestar cuanto antes al cien
por cien el servicio público que es nuestra razón de ser. De hecho,
en estos momentos todos los juzgados y tribunales del país están
abiertos y con funcionarios judiciales trabajando en ellos. Y eso ha
sido así desde el principio de la crisis sanitaria.
El
problema estriba en la endémica falta de medios que sufre la
administración de justicia, con muchas oficinas judiciales en las
que tanto el público como los trabajadores están hacinados y donde
es prácticamente imposible mantener unas mínimas distancias de
seguridad, con unos sistemas informáticos obsoletos y unas redes
internas que colapsan y nos impiden realizar correctamente nuestro
trabajo o lo entorpecen en muchos casos.
Desde
este sindicato llevamos años denunciando estas graves carencias,
reclamando soluciones, proponiendo medidas de mejora y unos medios
adecuados a ese mismo Ministerio de Justicia que ahora pretende
enmascarar su falta de previsión con dudosas imposiciones a golpe de
decreto ley.
Anuncian
cambios drásticos de la noche a la mañana. Unos cambios que pueden
suponer meses de reforma y adaptación, con traslados de expedientes,
cambios de protocolos o nuevos sistemas de gestión. Y mientras tanto
¿Cómo atendemos las necesidades de los ciudadanos? ¿Cómo
aliviamos el colapso que se está creando a consecuencia de la
multitud de demandas que ya están entrando a consecuencia de la
crisis?
Para
colmo, el Ministerio, por más buenas intenciones que nos muestre, no
está en condiciones de garantizar la protección de la salud de los
funcionarios ni de la ciudadanía en general, pues no tiene capacidad
para suministrar equipos de protección, test de diagnóstico, o
elementos de seguridad ante el importante incremento previsto en la
dotación presencial en los órganos judiciales, tanto de
funcionarios, como de público. Ni siquiera está en condiciones de
realizar diariamente una limpieza y desinfección de los locales
judiciales que minimice los riesgos de contagio ahora que estarán
abiertos todo el día.
Los
funcionarios judiciales constituimos más del 70% de todo el personal
y somos quienes atendemos al público a diario, quienes realizamos
todos los trámites, y quienes conocemos en primera persona cual es
la situación real en los juzgados y tribunales de toda España. Por
ello podemos aportar sugerencias que mejoren el servicio y agilicen
la justicia, pero el Ministerio nos ignora sistemáticamente.
Queremos
seguir prestando el servicio que ya estamos prestando y hacerlo al
máximo rendimiento. El país lo necesita ahora y estamos dispuestos
a ello. Pero el Ministerio está más ocupado en aprovechar la
situación de caos para imponer sus proyectos políticos al precio
que sea, con dudosos experimentos que no sabemos donde nos llevarán.
Por
eso le pedimos al Ministerio un poco más de humildad y sentido
común. No es bueno adoptar dudosas medidas improvisadas o a las
bravas como se pretende, sin escuchar siquiera a las partes
implicadas y sin aplicar unas mínimas garantías jurídicas, porque
corremos un serio peligro de que se colapse todavía más el sistema
judicial.
No
tenemos nada en contra de este gobierno. Somos un sindicato
estrictamente profesional y sin connotaciones políticas de ningún
tipo, pero la actitud de imposición sin valoración de las opciones
que aportamos los sindicatos hace mucho tiempo que no la veíamos.
La
Justicia es uno de los pilares del estado de derecho y ningún
gobierno de un país que se considere democrático puede adoptar
decisiones de calado sobre la misma de forma unilateral o precipitada
e ignorando al resto de los operadores políticos y sociales. Nuestro
país necesita más que nunca una justicia que resuelva sus problemas
y los funcionarios de justicia estamos ahí, como siempre, dispuestos
a arrimar el hombro prestando el mejor servicio público posible, y
todavía más en una situación como la actual
Necesitamos
tomar decisiones con rapidez, pero no de forma improvisada, ni mucho
menos de manera unilateral con la excusa del estado de emergencia y
al margen del marco jurídico y laboral que todavía siguen vigentes.
Hagamos las cosas bien y démosle a nuestro país la justicia que se
merece.
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras