El 70 por ciento de los jueces y magistrados, secretarios
judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia considera que la Ley
de Servicios y Colegios Profesionales tendrá un impacto «perjudicial» para el
servicio público, que perderá agilidad y acarreará un mayor coste para el
ciudadano. Y el 53 por ciento se opone que a los abogados puedan compatibilizar
su cargo con el de procurador como propugna el anteproyecto.
diariodenoticiaslaley.es
