martes, 10 de diciembre de 2013

Murcia, nueva oficina judicial e instauración de la nueva oficina fiscal.

La nueva Oficina Judicial, que acaba de cumplir tres años de su implantación en Murcia, pionera en este sentido junto a Burgos, se extenderá a todas las jurisdicciones, estando previsto que durante el próximo año se culmine este proceso, lo que implicará a todos los actores de la sede y colegios profesionales, abogados y procuradores. Igualmente, se pondrá en marcha la Oficina Fiscal, siendo nuevamente Murcia sede pionera.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa Joaquín Silguero, secretario general del Ministerio de Justicia, quien ha precisado, respecto a la Oficina Fiscal, que involucrará a 33 funcionarios de Murcia, Cieza y Lorca.
En cuanto a la Oficina Judicial, en la parte nueva «significará trabajar con 160 funcionarios», a los que ha pedido «responsabilidad de apoyar al propio sistema y al resto de sus compañeros», además de que se tendrá que realizar «la migración de todos los expedientes judiciales que estén en tramitación y adecuarlos a la nueva sede». De ahí que los plazos que se manejan es que el funcionamiento efectivo de la sede esté culminado «en noviembre del próximo año».
Hay que tener en cuenta que hasta ahora fueron tres las jurisdicciones que, de manera completa, se incorporaron al nuevo modelo: contencioso-administrativa, social y juzgados de lo Penal. Como novedad, Silguero ha anunciado que se extenderá al ámbito que faltaba, o sea el civil, que parcialmente recibió la prestación de determinados servicios especializados, como actos de comunicación, subastas electrónicas y servicio automatizado de designación de peritos judiciales.

Tras poner de manifiesto que la Oficina Judicial «ha redundado en una mejora de los tiempos de respuesta de la justicia para los ciudadanos de Murcia» y la «transparencia» con la que se ha desarrollado el proceso, ha destacado que a pesar del momento de «dificultades» presupuestarias, se trata de un proyecto «rentable» en términos económicos, presupuestado en alrededor de 200.000 ó 300.000 euros y, sin embargo, «los beneficios son superiores, es decir la inversión pública y retorno económico, que es muy superior el que tiene para las arcas públicas y para el sistema».

Fuente: laley.es