El experto de Jueces para la Democracia José Luis Ramírez destaca que la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el "círculo de criminalización del ejercicio de derechos fundamentales".
El representante de Jueces parala
Democracia José Luis Ramírez ha explicado que "la Ley de Seguridad Ciudadana es
la válvula de cierre
del sistema que diseña el proyecto de Código Penal", de manera que
"se cierra el círculo de la criminalización del ejercicio de los derechos
fundamentales".
El representante de Jueces para
Ramírez ha subrayado que
la subida de las tasas "ha generado un descenso de cerca del 40% en el
ingreso de asuntos contencioso-administrativos", mientras la futura Ley de
Seguridad Ciudadana tipifica más infracciones, por lo que "los ciudadanos
van a ser sancionados pero no van a poder recurrir porque tendrán que pagar
tasas".
En su opinión, la
reforma del Código Penal es "innecesaria" y por lo tanto
"ilegítima" y "profundiza en la marginalización de la
sociedad", creando la figura de "un
nuevo tipo de delincuente: el disidente político".
Desde la Asociación de Jueces
Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero ha sostenido que las reformas
planteadas "atentan contra derechos fundamentales de las personas,
criminalizan ciertas conductas sociales y tienen un contenido marcadamente ideológico y
político".
En su opinión, el Código
Penal "no se puede reformar porque un partido quiera", sino que es
necesario un consenso social, y ha criticado especialmente que introduzca "la cadena perpetua, aunque
ellos lo llamen de otra manera", porque esto "no tiene cabida en la Constitución ".
En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana,
Sexmero ha dicho que lo más llamativo es "la criminalización por vía
administrativa, con multas altísimas" por asistir a manifestaciones no
comunicadas oficialmente, de manera que "cualquier ciudadano se verá
abocado a no protestar o a no salir a la calle".
(Lo anterior es parte de
un artículo del periódico Público.es)