Más de 100 liberados sindicales de la Xunta vuelven al trabajo.
Los sindicatos calculan que la medida estatal afecta en la Administración autonómica a unos 150 representantes de los trabajadores. Los que dependen de la Administración del Estado se incorporaron el lunes y los de la Xunta de Galicia deberán hacerlo a lo largo de este mes, pero la aplicación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en julio para reducir créditos y permisos sindicales obligará a decenas de liberados a volver a sus puestos de trabajo. Aunque Función Pública no facilitará cifras hasta cerrar el proceso, después de las elecciones gallegas los sindicatos calculan que la medida estatal afecta en la Administración autonómica a unos 150 representantes de los trabajadores, que tendrán que ajustarse a la legislación básica de 1985, que fija el máximo de horas para esa función en 40 de las 150 laborales del mes.
Además de los que estén reconocidos como liberados, el real decreto también será de aplicación para los que tengan acumulados créditos horarios que permitan una liberación completa. En definitiva, los representantes que rebasen esas 40 horas sindicales al mes deberán incorporarse a sus puestos de trabajo durante esas horas que dedican de más a esa función. Se trata de adecuar la representación del ámbito público al privado.
La aplicación de este real decreto ley en la Administración autonómica dio lugar en septiembre a la apertura de un proceso de negociación con los sindicatos por parte de Función Pública. Como consecuencia de esos contactos, el departamento adscrito a Facenda acordó prorrogar hasta el 1 de noviembre el estatus de los liberados institucionales, que son aquellos autorizados por la Xunta para su representación institucional en los órganos de diálogo. Fuente La Voz de Galicia.