El Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias transferidas se han reunido el pasado 25 de junio, en el pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia con el fin de decidir los principales proyectos a que destinarán los fondos Next Generation de la Unión Europea.
El Ministro Campo ha resaltado la importancia de algunos proyectos, como la Justicia basada en datos, la puesta en marcha del nuevo Registro Civil o la implantación de las sedes sostenibles.
El encuentro ha tenido como principal objetivo definir los
proyectos de transformación que se llevarán a cabo en el ámbito de la
Administración de Justicia para 2022, vinculados a los fondos Next Generation
de la Unión Europea, y a poner en común las reformas estructurales legislativas.
Los fondos disponibles, 410 millones de euros para 2021-2023, constituyen un aporte sustancial para impulsar la transformación de la Justicia, sustentada en tres ejes fundamentales: la ley de eficiencia organizativa, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital.
En base a esos 3 ejes, el Ministerio de Justicia y las CCAA han aprobado por unanimidad los proyectos que desarrollarán en común:
Interoperabilidad.
·
Justicia orientada y basada en datos.
·
Estadística Judicial automatizada.
·
Ciberseguridad.
·
Carpeta Justicia.
·
Inmediación Digital.
·
Textualización.
·
Implantación cogobernada del nuevo modelo
organizativo.
·
Medios Adecuados de Solución de
Controversias (MASC).
·
Marco común de igualdad.
·
Esquema común de Salud Laboral.
·
Rehabilitación sostenible de sedes
judiciales.
Por otro lado, para llevar a cabo las actuaciones que permitan la
implantación, en todo el territorio del Estado, de los Tribunales de Instancia,
de la Oficina Judicial y de las Oficinas de Justicia en los municipios,
previstos en la ley de eficiencia organizativa, así como el despliegue de los
servicios MASC, recogidos en la ley de eficiencia procesal, se ha aprobado la
puesta en marcha de una Oficina Técnica de Implantación.
Esta oficina, que adecuará la implantación a cada
CCAA, contará con dotación presupuestaria de 13 millones, 10 millones de euros
procedentes de los fondos europeos que se suman a los 3 millones del
presupuesto ordinario del Ministerio de Justicia.
Registro civil y sedes sostenibles
Otro
de los proyectos que se ha abordado en el encuentro entre el Ministerio y CCAA
ha sido la reforma del Registro Civil Único, pieza clave del plan de eficiencia
organizativa, ya puesto en marcha por el Ministerio y aprobada estos días en la
Comisión de Justicia en el Congreso. El nuevo modelo va a permitir contar con
un Registro Civil moderno, ágil, informatizado y presente en todo el país.
Se trata de un registro orientado a la persona;
gestionado por empleados públicos; e individual, donde se inscribirán todos los
hechos y actos que afecten a una persona a lo largo de su vida.
Se ha puesto en valor la importancia de que
el nuevo modelo se implante en el plazo más breve posible. Igualmente, ha
habido coincidencia entre los participantes en que es un claro ejemplo de
implantación cogobernada. El ministro ha dado las gracias a Madrid, el primer
lugar de implantación, "porque vuestro éxito en la implantación será el
éxito de todos nosotros".
Otra de las novedades en el ámbito de
Justicia, resaltadas en el encuentro, ha sido la puesta en marcha de la
estandarización para tener sedes sostenibles. Los fondos europeos, que
pretenden una transformación estructural, mediante la aceleración del proceso
de transición ecológica, son una oportunidad de introducir la transición
ecológica en el servicio público de Justicia, según han expuesto responsables
ministeriales.
El Ministerio de Justicia tiene
una propuesta de estandarización de la metodología de rehabilitación, con el
objeto de crear un catálogo de actuaciones con sus respectivos indicadores
ponderados para medir, certificar y monitorizar el proceso.
Seguridad laboral y marco común de igualdad
En la Conferencia también se ha aprobado abordar un Esquema de Seguridad Laboral, con el fin de que se convierta en la pieza marco para alcanzar un sistema integrado y coherente de protección de la seguridad y salud de los trabajadores
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