El Gobierno ha nombrado una comisión de expertos para restablecer la justicia universal tras la reforma que acometió el anterior ejecutivo y que, restringió sus capacidades. Por ello, su objetivo es volver a la redacción del art. 23.4 de la L.O.P.J de antes de 2009 en la que España era un referente en la aplicación de este principio y que, además sirve para la defensa de los derechos humanos.
En ese art. se establecia la competencia de los jueces españoles para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional que estuvieran tipificados como delitos de derecho internacional (genocidio, terrorismo, piratería...etc) según la Ley penal española.
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