Siete sindicatos con operancia en los juzgados
gallegos -CCOO, UGT, CSIF, STAJ, CIG, SPJ USO y Alternativas na xustiza-Cut-,
han celebrado este miércoles una asamblea informativa con los trabajadores del
juzgado de Ferrol desde la una de la tarde para informarles de las medidas de
presión que se van a adoptar en toda Galicia, encaminadas a sentarse con la
Xunta en una mesa de negociación para ponerle al fin solución, dicen, a los
problemas que existen en la Administración de Justicia.
Se trata de una reunión entre sindicatos y
trabajadores que se ha repetido o se repetirá en las principales ciudades
gallegas, después de que la plataforma formada por las centrales sindicales
acordase como primera reivindicación dos jornadas de huelga los días 1 y 13 de
diciembre, y una primera concentración a las puertas de los juzgados el jueves
16 de noviembre. De no acercar posturas con el Gobierno autonómico, no
descartan comenzar una huelga indefinida a finales del mes de enero.
Las siete centrales sindicales han consensuado sus
demandas en torno a cinco puntos: la negociación del incremento del Complemento
Autonómico Transitorio (CAT), la «discriminación sanitaria» en los descuentos
por Incapacidad Temporal, la paralización del plan de amortización de 106
plazas en toda Galicia, el cobro del 100 % por sustituciones y la consolidación
de plazas de refuerzo con antigüedad de más de tres años.
Los complementos más bajos de España
Galicia es la única comunidad autónoma en la que no se ha revisado este
complemento, que es el más bajo de España, y piden que se equipare a la media
del resto del país.
www.ferrol360.es
DIARIO DE FERROL
DIARIO DE FERROL
La nuevo plataforma sindical del sector judicial integrada por SPJ, USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO mantuvo ayer en Ferrol una asamblea con funcionarios de Justicia para explicar las medidas de presión que se pretenden llevar a cabo en noviembre y diciembre si no existe acuerdo con la Xunta sobre las condiciones laborales y salariales que reclaman. Entre ellas, el pago del “complemento autonómico transitorio”, que ha supuesto para estos profesionales de las justicia “importantes y brutales retenciones a lo largo de los últimos cuatro años” y que, según la representante sindical, llegan a “los 10.000 euros a los médicos forenses, 5.000 al cuerpo de gestión, 3.880 al cuerpo de tramitación y 3.440 al cuerpo de auxilio”.