Un total de 27,45 millones de euros en 6 años, ese es el importe por el que el Consejo de Ministros acordó autorizar la contratación de servicio Integral de seguimiento por medios telemáticos (pulseras) del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de genero.
El servicio está contemplado en la Ley Integral de Violencia de Género (art. 64.3) y tiene por objeto garantizar su ubicación y protección a fin de garantizarles la ayuda necesaria. En cuanto a los potenciales agresores, su finalidad es múltiple: limitar, ubicar, controlar y disuadir.