El Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) ve "serias dudas de encaje constitucional" en la intervención
e las comunicaciones sin autorización judicial previa que plantea la última
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LA LEY 1/1882)(LeCrim)
aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre. Ha convocado un
Pleno Extraordinario el próximo 12 de enero para discutir la redacción final
del dictamen.
Los ponentes consideran que la
valoración del texto remitido por el Gobierno "ha de ser necesariamente
positiva" en términos generales, ya que es el resultado "de una
concepción ágil y moderna de la justicia penal", se muestra garante de los
derechos fundamentales que han de ser respetados en el proceso penal "y se
presenta como el baluarte de una futura y completa, al tiempo que inaplazable,
regulación de la justicia penal que responda a las exigencias de la sociedad
actual".
Los vocales, no obstante, no comparten todo el contenido del
Anteproyecto, especialmente en lo referido a la intervención de las
comunicaciones sin autorización judicial previa prevista para determinados
casos, posibilidad que en su opinión plantea "serias dudas de encaje
constitucional".
El texto remitido por el Gobierno prevé
que, "en caso de urgencia" y para investigar delitos cometidos por
organizaciones criminales, de terrorismo, contra menores u otros de especial
gravedad, la intervención de las comunicaciones podrá ser ordenada por el ministro
del Interior o por el secretario de Estado de Seguridad y comunicada en un
plazo máximo de 24 horas al juez, que deberá validar o anular la medida en 72
horas.