Hemos de aclarar que se trata de Muface, respecto a MUGEJU, el plazo límite para aceptar el concierto es hasta el 8 de noviembre, estaremos a la espera de lo que pase y las consecuencias que se puedan derivar de la NO aceptación como ha ocurrido en Muface.
El concierto de Muface que ofrece atención sanitaria a 1,49 millones de funcionarios y familiares ha quedado desierto. Las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban este servicio, Adeslas, Asisa y DKV, han decidido no presentarse al nuevo convenio (vigente en el periodo 2025-2026) al considerar que la propuesta económica era insuficiente para evitar las pérdidas en este negocio. A partir de ahora, Muface tendrá que derivar a todos sus mutualistas a un sistema sanitario público que ya está muy estresado, especialmente en la atención primara.no
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) garantiza la cobertura de salud a todos profesores (de infantil, primaria, secundaria y universidades), a los inspectores de Hacienda y de Trabajo, a la Policía Nacional. Todos estos colectivos llevan desde el 2 de octubre pendientes de qué pasaba con este concierto, después de que las aseguradoras que estaban en el actual concierto se marcharan de una reunión por la discrepancias económicas con el Ministerio de Función Pública, la administración encargada del asunto. Las fuertes subidas de precios de 2022 y el aumento de las consultas médicas habían convertido a este servicio en una fuente constante de pérdidas.
Los funcionarios que están cubiertos por Muface cada año podían decidir quién les va a dar asistencia sanitaria: una de las aseguradoras privadas del concierto o la sanidad pública. En un 72% de los casos se escoge la sanidad concertada. En concreto, en 2024 un 34% optó por Adeslas, un 25% por Asisa (controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos) y un 13,2% por DKV, propiedad del gigante alemán Munich Re. El restante 28% optó por la sanidad pública. A partir de ahora, todo el colectivo tendrá que acudir al sistema público de salud, gestionado por las Comunidades Autónomas.
En el comunicado enviado por DKV donde explica por qué no acuden al concierto la compañía argumenta que, de haberlo hecho, habrían sufrido unas pérdidas de 77 millones de euros. Las tres aseguradoras implicadas calculaban que con el último concierto (2021-2024) habían perdido en conjunto 600 millones de euros, puesto que las aportaciones del Estado por funcionarios eran insuficientes. Reclamaron entonces una mejora en la dotación económica del 40%.