Como
es sabido en septiembre del año pasado entró en vigor una ley que obliga a
revisar las incapacidades cada 3 años, y tiene efectos retroactivos obligando a
revisar todas las incapacidades "vivas" hasta la fecha, por antiguas
que sean.
Recientemente se ha aprobado por el CGPJ un
programa concreto de actuación para la revisión de las medidas en materia de
capacidad de las personas prevista en la disposición transitoria 5ª de la Ley
8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica.
El programa de
actuación del consejo consiste en revisar todas esas incapacidades, y paga a
los jueces en función del número de revisiones que realice. Por eso, creo que
es justo que a los funcionarios afectados también se les pague, pues van a
tener que "rescatar" del archivo todas las incapacidades antiguas, y
tramitarlas, como una incapacidad cualquiera, saiendo además que muchos de estosórganos ya estan saturados al sopostar con cargas de trabajo muy por encina de lo razonable.
Dicho programa, aplicable a todos los
órganos judiciales con competencia en asuntos sobre la capacidad de las
personas, consiste, básicamente, en la revisión de un determinado número de
procedimientos con medidas que afectan a la capacidad de las personas, lo cual,
como puede fácilmente comprenderse, va a suponer un incremento notable de
trabajo para todo el personal, no solo jueces, fiscales y lajs, que presta servicios en los referidos órganos
judiciales y fiscalías, por lo que debe aprobarse también para este personal un
plan de autorefuerzo para atender esta revisión de procedimientos.
Tenemos noticias
que, en breve, se va a aprobar por el Ministerio un plan idéntico para fiscales
y LAJs, que también dejaría fuera al resto de personal de los juzgados y de las fiscalías,
es decir, no se establece ninguna compensación económica para Gestores,
Tramitadores y Auxilios de esos mismos órganos judiciales y fiscalías por la
mayor carga de trabajo y el mayor rendimiento que se les va a exigir, lo que a
todas luces es discriminatorio.
Por ello, se solicita se proceda a la
inmediata negociación de una plan de autorefuerzo para el personal destinado en
todos los órganos judiciales y fiscalías de Galicia con competencia en asuntos
sobre la capacidad de las personas.
Pontevedra a 23 de febrero de 2022.