El
magistrado Luis Galván, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de
Gran Canaria, deberá permitir en su próxima jornada de guardia, el próximo
martes, que la funcionaria a la que ha vetado durante los dos últimos meses, a
la que ha ordenado expulsar de las dependencias judiciales cada ocho días a
través de la Guardia Civil, pueda acudir a su puesto y prestar sus servicios.
Así
lo ha decretado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (TSJC) al estimar la solicitud de la afectada para que
levantase, como medida cautelar, esta prohibición hasta que se sustancie la
demanda por protección de derechos fundamentales que ha interpuesto en contra
del juez.
Un
oficio emitido por el letrado de la Administración de Justicia (antiguo
secretario judicial) de la mencionada sala este jueves ordena el “inmediato
cumplimiento” del auto de medidas cautelares dictado el mismo día por los
magistrados Óscar Bosch, María Mercedes Martín y Javier Varona, este último
como ponente de la resolución judicial.
La
Sala asegura desconocer los motivos por los que el juez adoptó esa prohibición
que sólo se extiende a las jornadas de guardia y que le ha ocasionado a la
empleada pública un importante quebranto económico, ya que no ha podido cobrar
el complemento salarial, y una merma en su salud.
Sin
embargo, el TSJC remarca en su auto que en ninguno de los documentos remitidos
al tribunal consta ese acuerdo ni que se le haya notificado a la funcionaria.
“Tan sólo se hace mención a un informe de fecha 8 de septiembre de 2016
dirigido a la Dirección General de Administración de Justicia, en solicitud de
que se incoe un expediente disciplinario”, recoge la resolución judicial.La
Sala reprocha al magistrado Luis Galván que haya actuado “por la vía de hecho”
y le recuerda que cualquier medida que estime necesaria para la correcta
prestación del servicio de guardia debe de estar “motivada y documentada”, lo
que hasta ahora no ha ocurrido.
El
presidente de la Junta de Personal advierte de que el órgano colegiado al que
representa continuará actuando “con la misma contundencia” por el “saneamiento
y la credibilidad de la Justicia” para poner fin a prácticas “inconcebibles en
el siglo XXI”, como la de un juez “que piensa que un funcionario es un empleado
particular o un vasallo”.
Los representantes de los trabajadores
volverán a acudir el martes al juzgado de guardia para apoyar a la funcionaria
afectada y comprobar el cumplimiento del auto de medidas cautelares.Ver noticia completa
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