Dos concurridas asambleas celebradas ayer en las sedes judiciales de Pontevedra (el edificio de A Parda y el de la Audiencia) dieron el visto bueno a una serie de movilizaciones que plantean los sindicatos ante la negativa de la Xunta a aplicar una serie de mejoras salariales y laborales que, en alguno de los casos, tienen como objetivo impedir que los funcionarios de justicia gallegos estén a la cola de España en diferentes aspectos.
Es el caso, por ejemplo, del complemento autonómico transitorio, en donde se han producido aumentos generalizados en todas las comunidades y en algunos casos llegan a doblar las retribuciones de los funcionarios gallegos.
La situación también es similar en los descuentos que sufren en caso de baja laboral por enfermedad, mayor en Galicia que en otros puntos y aplicables en un mayor número enfermedades.Los funcionarios también piden que se detenga el plan de amortización de plazas, el cobro del 100% de las sustituciones y, por último, reclaman la consolidación de las plazas de refuerzo que son estructurales y no coyunturales, es decir, aquellas que llevan ya más de tres años.
Las movilizaciones (con el apoyo de todas las centrales sindicales SPJ, USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC OO) se inician con una concentración el día 16 de noviembre ante las sedes judiciales y dos días de huelga general (el 1 y el 13 de diciembre). Si la Xunta sigue sin atender sus peticiones afirman que valoran que el paro se convierta en indefinido a partir de enero.