Las
Asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial independiente,
Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Jueces y Magistrados
Francisco de Vitoria han presentado una demanda para suprimir el llamado
"mapa judicial de riesgos y sistema de alertas" y regular la carga de
trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral.
La Ley 31/1995, de
8 noviembre (LA LEY 3838/1995), de Prevención de Riesgos Laborales,
y de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de Junio de 1989 (LA LEY 3736/1989),
relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad
y de la salud de los trabajadores en el trabajo, se aplica también a la
función pública, y, en el ámbito del personal judicial, a juezas y jueces,
que, de acuerdo con el art. 317 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la
Carrera Judicial, tiene derecho a la regulación de las cargas de trabajo
Las
Asociaciones Judiciales nos sentimos legitimadas para obligar al
Consejo General del Poder Judicial, único competente al efecto, a fijar de
una vez por todas unos módulos adecuados a la complejidad y necesidades de la
sociedad a la que servimos, compatible con el derecho al descanso y a la
conciliación de la vida personal y familiar.
A
fecha de hoy todavía no existe regulación de la carga de trabajo a
efectos de salud laboral y los criterios que de manera unilateral y
provisional el Consejo General del Poder Judicial pretende emplear son
completamente ineficaces a los efectos de proteger la salud de los miembros de
la carrera judicial, pese a que el Plan de Riesgos Laborales de la Carrera
Judicial 2015-2016 prevé dicha obligación.
Desde
el año 2014 llevamos reclamando al Consejo que proceda a cumplir sus
obligaciones, la regulación de la carga de trabajo que sustituya los
módulos anulados en el 2006. Lo hemos hechos en negociación con el Consejo,
directamente o a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, sin que
hasta la fecha no hayamos conseguido más que la implantación de un “sistema de
alertas”, impropio de un plan de prevención de riesgos y de fijación de cargas
de trabajo.
Es
por ello que las asociaciones firmantes hemos presentado en el día de
ayer demanda de conflicto colectivo para la supresión del
denominado “Mapa Judicial de Riesgos y sistema de alertas” y se proceda a la
regulación de la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de
salud laboral conforme a un criterio de dedicación o rendimiento.