Los contratos de los empleados públicos temporales estarán limitados a un máximo de tres años.
Hacienda rechaza despedir a los ya contratados que superen ese tope. Esta medida asegura que afecta solo a los nuevos empleados.
El plan prevé la consolidación de la plaza que lleven más de tres años ocupadas por un empleado público temporal -se entiende que, tras ese tiempo, se trata de una necesidad estructural o permanente de la Administración-. Tendrá, por lo tanto, que convocarse una oposición a la que podrá optar el trabajador que haya estado ocupando el puesto, sin que sea posible que éste pase directamente a ostentar la condición de funcionario, puesto que tal opción vulneraría los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la función pública.