Las funcionarias
del Estado gozarán de permisos retribuidos desde la semana 37 de gestación
y hasta el día del parto a partir del año que viene, tal y como
ha anunciado este miércoles el secretario de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta, como medida de apoyo a la familia.
Durante su
comparecencia ante la
Comisión de Presupuestos del Congreso, Beteta ha señalado que
una "inclusión importante y novedosa" en las cuentas del año que
viene es este nuevo permiso retribuido, que beneficiará a las empleadas
públicas en el "último periodo del embarazo, que suele ser
el más complicado".
Además, ha
recordado otras medidas positivas para la Función Pública
que se incluyen en los Presupuestos de 2016, como la devolución del tercer día de
asuntos propios, los llamados 'moscosos', que faltaba por
recuperar desde 2012 y hasta los tres 'canosos' que se conceden a los
funcionarios en función de su antigüedad.
Por otra parte,
el Ministerio de Hacienda ya anunció el acuerdo alcanzado con las centrales
sindicales para "poner fin a la congelación salarial" que ha afectado
a los funcionarios en los últimos cinco años mediante una subida de sus retribuciones del 1% "en consonancia con las
mejoras económicas".
En este sentido,
Beteta ha cifrado en 180 millones de
euros el coste de esta decisión para el Estado y de 883 millones de euros para
todas las administraciones públicas, ya que esta decisión de
aumento salarial es "normativa básica y de obligado cumplimiento"
para todos los niveles de la
Administración.
A esto se sumarán
los 2.562 millones de euros que
costará la devolución del 50% de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012 que se suspendió, una medida
"básica potestativa", es decir, que las comunidades y los
ayuntamientos podrán aplicar o no "según sus planes de ajuste y conforme
proceda en la negociación con sus centrales sindicales". Al Estado, eso
sí, le costará 547 millones.
Con esa devolución, los
funcionarios habrán recuperado la totalidad de la paga extraordinaria de la Navidad
de 2012, ya que recibieron una cuarta parte en enero de 2015 y obtendrán el
restante 25% antes de que finalice este ejercicio, con un coste de 274 millones
para el Estado y de 1.281 millones para el conjunto de las administraciones.
Fuente El Mundo.
Fuente El Mundo.