En un encuentro mantenido ayer
9 de marzo con el Ministro de Justicia en Ciudad Real, la representante de STAJ
y presidenta de la Junta de Personal de Justicia en la capital manchega, Carmen
Romero, ha exigido la paralización de la privatización del Registro
Civil, insistiendo en que el Registro permanezca como un servicio público y
gratuito dentro de la Administración de Justicia y servido por funcionarios de
Justicia.
El Ministro de Justicia falta
a la verdad cuando afirma que se mantendrán las garantías de legalidad y
protección de datos que ahora protegen el tratamiento de los actos inscritos en
el Registro Civil, porque los Registradores de la Propiedad y mercantiles son
funcionarios públicos. Olvida el Ministro que los Registradores cobran por
arancel (cuantos más actos se inscriban, más cobran) y que los trabajadores de
los Registros de la Propiedad no son ni siquiera empleados públicos en el más
amplio sentido de la palabra, y por tanto no están sometidos al imperio de la
ley a lo que sí estamos sometidos los funcionarios.
El Ministro falta a la
verdad cuando dice que el Registro Civil seguirá siendo gratuito, porque
para financiar su coste se están inventando nuevos trámites absurdos, inútiles y
superfluos que habrán de ser inscritos en el Registro Mercantil previo pago del
correspondiente arancel por los ciudadanos. Y falta a la verdad cuando dice que
la mayoría de las quejas de los ciudadanos por el funcionamiento de la Justicia
están motivadas por el servicio que presta el Registro Civil, porque la realidad
es que esas quejas tienen su objeto en la falta de medios humanos y materiales,
premeditadamente ocasionada por los responsables políticos que son los que con
su inactividad han provocado atrasos escandalosos, por ejemplo, en los
expedientes de nacionalidad (a pesar de haberse incrementado en un 600 % en los
últimos doce años, las plantillas de la DGRN y las propias oficinas de Registro
Civil han permanecido inalteradas).
El Ministro a pesar de todo ha
dicho que la desjudicialización y entrega del Registro Civil a los Registradores
mercantiles no tiene marcha atrás, y que esa desjudicialización no es una
decisión del Partido Popular, sino un mandato parlamentario que se adoptó en
2011, añadiendo que en cualquier caso están garantizados todos los puestos de
trabajo de los funcionarios afectados. STAJ por otra parte ha exigido al
Ministro de Justicia la devolución íntegra de la extra de diciembre de 2012, la
recuperación de los derechos hurtados en nombre de la crisis, y el
cumplimiento estricto del preacuerdo de julio de 2014 en materia de
promoción interna.
EL REGISTRO CIVIL ES
PÚBLICO, ES GRATUITO, ES DE JUSTICIA. NO PERMITAS QUE SE PRIVATICE