El Gobierno quiere agilizar los tiempos
de respuesta de la Justicia liberando a los jueces de instrucción del trámite
de las denuncias o atestados
policiales sin autor conocido, que representa cerca de un millón (un
cuarenta por ciento) de los 2,4 millones de archivos provisionales acordados en
la jurisdicción penal.
De esta forma, el Ministerio de Justicia pretende reformar la Ley
de Enjuiciamiento Criminal para que estos atestados, sobre los que hoy un juez
tiene que abrir diligencias penales para, en la mayoría de los casos
inmediatamente después archivarlas, no tengan que pasar ya por el juzgado. Para
garantizar el control judicial esos atestados serán conservados por la Policía
Judicial a disposición de jueces y fiscales, informaron fuentes del
Departamento que dirige Rafael
Catalá.
A la vez, y precisamente para evitar investigaciones autónomas
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no se permitirá que
las pesquisas para averiguar la autoría del delito duren más de 72 horas desde
la apertura del atestado. Es decir, si transcurrido este tiempo no aparece
ninguna pista, la
Policía tendrá que cerrar el caso. Aunque será la propia ley la que tendrá
que matizarlo, esta descarga de trabajo está pensada para delitos menos graves,
como robos de móviles o carteras en autobuses o aglomeraciones, circunstancias
en las que encontrar al autor del delito es una tarea prácticamente imposible.
La filosofía de esta reforma es que el trabajo
diario de los jueces «se concentre en actividades más provechosas» y mejorar
así los tiempos de respuesta judicial.
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