En el BOE de hoy se publica la Ley
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en cuyas disposiciones
adicionales se establece la PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
, encargando su llevanza en el futuro a los Registradores Mercantiles.
STAJ sigue proponiendo que aun desjudicializando
el Registro Civil estos deben
seguir siendo un servicio de la Administración de Justicia, en el que los Secretarios Judiciales pueden ser los
Encargados de los mismos, y los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal
y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial,
continuar prestando sus servicios en las respectivas oficinas de Registro
Civil, configurándose como Centro de Destino en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y de acuerdo con la relación de puestos de trabajo que en definitiva
se apruebe que en todo caso habrá de garantizar la permanencia, al menos, de la
plantilla que actualmente está destinada a funciones de Registro Civil.
Este sindicato aboga por la modernización
del Registro Civil, para lo cual, insistimos, lo necesario es una mayor
inversión en medios tecnológicos y humanos, así como su permanencia dentro de la
Administración de Justicia lo que garantizará su calidad y una gestión
absolutamente profesional, gratuita y garante de los derechos de los ciudadanos.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la
Administración exigimos
que en cualquier caso se garantice por parte del Ministerio de justicia la no
amortización de ningún puesto de trabajo de los que ahora forman parte de la
plantilla orgánica de los órganos judiciales y
que sean consecuencia de las competencias en materia de Registro Civil que
dichos órganos pudieran tener en la actualidad.
Esa garantía
debe ser plasmada en los textos legales que procedan, para ser aplicables a
todo el territorio nacional, obligando así no sólo
en el ámbito gestionado directamente por ese Ministerio, sino también en
aquellos ámbitos gestionados por las CCAA que han asumido competencias en
materia de Justicia.