lunes, 18 de mayo de 2026

Asamblea informativa en los juzgados de Lugo


Las organizaciones sindicales CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CC.OO., que representan la mayoría sindical en la Administración de Justicia de Galicia, han denunciado públicamente la «nefasta gestión» de la Dirección Xeral de Xustiza en la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia, una reforma que, a su juicio, está llevando a los órganos judiciales lucenses «al borde del colapso». Las organizaciones celebraron  una asamblea con trabajadores de los juzgados de Lugo, primera de una serie de reuniones que recorrerán las principales ciudades gallegas para informar al personal y coordinar medidas de respuesta ante el «deterioro» de las condiciones laborales.

La reunión, en la que, según han trasladado en una nota de prensa, se analizaron los principales problemas derivados de una implantación que los sindicatos califican de "precipitada e improvisada", forma parte de un calendario de asambleas que las organizaciones sindicales desarrollarán en las principales ciudades gallegas con el objetivo de informar al personal, recoger incidencias y coordinar medidas ante "el deterioro de las condiciones laborales y del servicio público de Justicia".

Las consecuencias, advierten, no afectan solo a los trabajadores —con «repartos arbitrarios, excesos de jornada y pérdida de movilidad»—, sino también a la ciudadanía, que padece retrasos «inasumibles» en procedimientos vinculados a derechos fundamentales, asuntos laborales, herencias o violencia. En palabras de los propios sindicatos, la situación «menoscaba el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva».

Ante este escenario, los colectivos reclaman la apertura inmediata de una mesa de negociación para ampliar las plantillas, dotar de medios materiales adecuados y crear equipos que eviten arbitrariedades en el reparto de trabajo. Y avisan a Xustiza de que, si no se atienden sus demandas, iniciarán movilizaciones «para que la opinión pública sea consciente del problema».




STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras