Por la puerta de atrás, con una enmienda presentada en el
Congreso de los Diputados en el marco del Proyecto
de Ley de Racionalización de Sector Público que este miércoles
comienza su tramitación parlamentaria, el PP quiere modificar el Estatuto
Básico del Empleado Público para abrir la puerta al personal militar de carrera
a la administración civil. Según el Boletín Estadístico del Ministerio de
Hacienda, 122.344 personas trabajan como funcionarios en las Fuerzas Armadas.
En una disposición adicional a la Ley 7/2007, el PP abre la
posibilidad de que los militares de carrera (no afectaría a la tropa) ocupen
"aquellos puestos de trabajo en los que se especifique esta
posibilidad" en cualquier administración. Aunque no detalla a qué puestos
podrán acceder, sí que las condiciones serán "de acuerdo con los
principios de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente
convocatoria pública para la provisión de dichos puestos, y previo cumplimiento
de los requisitos que, en su caso, se puedan establecer para este fin por el
Ministerio de Defensa".
Si la enmienda sale adelante, al personal militar que pase a
ocupar plazas en la administración civil (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos
o la Administración del Estado) "le será de aplicación la normativa
propia" en materia de jornada, vacaciones, permisos y licencias, "si
bien la sanción de separación del servicio sólo podrá imponerse por el ministro
de Defensa". A los militares no les podrán aplicar "lo previsto para
promoción interna, carrera administrativa, situaciones administrativas y
movilidad", sin perjuicio de que podrían participar en procedimientos de
provisión de otros puestos "abiertos a este personal en la administración
civil".
El PP argumenta que esta medida fomentará "la
movilidad", entre los funcionarios de las administraciones, pero los
sindicatos lo califican de "despropósito". Un portavoz del Ministerio de Defensa indicó que
la principal novedad de la reforma consiste en que los militares podrán
trabajar en otras administraciones públicas sin abandonar el servicio activo,
mientras que hasta ahora debían pedir la excedencia o pasar a servicios
especiales, aunque esto último sólo en casos excepcionales. Su condición
militar quedará en suspenso, ya que no estarán sujetos al régimen laboral o
disciplinario de las Fuerzas Armadas, pero el Ministerio de Defensa se reserva
la potestad de sancionarlos con la pérdida de su carrera.
El mismo portavoz aseguró que no se producirá un trasvase
masivo de militares a la Administración civil, ya que tendrá que aprobarse
“caso por caso” tanto por el Ministerio de Defensa como por Administraciones
Públicas. La medida, concluyó, pretende facilitar la conciliación familiar de
aquellos militares que se encuentran al final de su carrera y que, de continuar
en Defensa, se verían obligados a cambiar de localidad de residencia, con los
perjuicios que ello supone.
Fuente: El País