STAJ, SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, CONSIDERA UN ATROPELLO PARA
LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA, ASÍ COMO PARA LA CIUDADANIA, LAS REFORMAS
RECOGIDAS EN EL ANTEPROYECTO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
El Gobierno ha aprobado su Anteproyecto de Ley Orgánica
del Poder Judicial (LOPJ), a espaldas de los funcionarios de justicia y supone
una seria amenaza al empleo público. Afecta en su contenido de manera directa y
sustancial a los trabajadores de Justicia y a los ciudadanos, porque supone la
eliminación de las Audiencias Provinciales y de multitud de partidos judiciales
con la aparición de los Tribunales Provinciales de Instancia. Esto significa el
cierre de muchísimos órganos judiciales, un atropello a los derechos de
los ciudadanos.
Cuando apenas se ha comenzado a poner en marcha el nuevo
modelo de Oficina Judicial, diseñado en la reforma del 2003, el Gobierno
aprueba una nueva LOPJ que afectará plenamente a ese diseño.
Esto demuestra una vez mas, el afán de protagonismo del
que hacen gala últimamente todos los políticos que tienen responsabilidad en
materia de Justicia, ya sean del ámbito nacional o autonómico, para parecer
como los salvadores de la Justicia en España. ¿Cuándo se darán cuenta de que lo
que hace falta en realidad para solucionar los problemas y el atasco
generalizado son los medios personales y materiales hoy en día obsoletos e
incompatibles, y no modificar las leyes incluso antes de que entren en vigor?
Otra medida perturbadora es la atribución de funciones
procesales públicas a los Procuradores, que se encargarán de las ejecuciones,
embargos y notificaciones, tendrán la condición de agentes de la Autoridad. Esto supone una intolerable privatización
de servicios públicos, que vulnera la independencia judicial y la garantía de
la legalidad al entregar a particulares la potestad de embargos y ejecuciones.
Eso sin olvidar que son parte en los procesos, siendo los empleados públicos,
los únicos garantes de la legalidad e imparcialidad.
Por lo tanto exigimos la retirada del anteproyecto ya que
vulnera principios fundamentales como la independencia judicial, además de
suponer una pérdida de empleo público. Lo único que pretende el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con estas reformas es privatizar
la Administración de Justicia y hacerla inaccesible, lejana y de pago para el
ciudadano.