El Consejo de Estado plantea objeciones
al texto del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales en lo
que respecta a la posible supresión de la incompatibilidad entre abogados y
procuradores, y lo hace sobre todo teniendo en cuenta las nuevas competencias
que prevé asignar a estos últimos el Ministerio de Justicia a través de la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que recibió el visto bueno del
Consejo de Ministros en mayo de 2013.
En el dictamen emitido, el Consejo exige
que a la hora de valorar la posible compatibilidad entre ambas profesiones, no
se pierda de vista la otra reforma que amplía las funciones de los
procuradores. Se refiere a la modificación de la LEC, que atribuye a este
colectivo la facultad de realizar determinadas funciones como actos de
comunicación o de ejecución de la Administración de Justicia, para los que se
les otorgaría la condición de agentes de la autoridad.
Desde STAJ consideramos que estamos ante
la privatización de otro servicio público encomendado siempre a funcionarios.
Aunque la futura Ley permitirá al ciudadano (demandante) elegir quién desea que
se ocupe de practicar los actos de comunicación y de ejecución, no existe duda
sobre quién elegirá el demandante cuando tenga suficientes recursos
económicos.
La realización de los actos de
comunicación por el Procurador de la parte contraria, causará múltiples casos
de indefensión y asimismo encarecerá el proceso de ejecución. Se hacen cada vez
más visibles los pasos dados desde el Ministerio de Justicia para crear una
justicia de dos velocidades: Una para ricos y otra para el resto de ciudadanos.
STAJ considera dicha privatización inadmisible.Diariodenoticias.laley.es