El Ministerio, en una postura cobarde y
mezquina y contraria al Principio de Buena Fe que debe presidir toda relación
laboral, ha ocultado la realidad al colectivo de funcionarios, a sus
propios funcionarios de Justicia, y la realidad es que a fecha de hoy el
Ministerio de Justicia ha decido entregar los Registros Civiles a los
Registradores. La decisión fue comunicada a la Junta de Gobierno del
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles el pasado lunes 10 de
febrero, por la tarde.
Según el diario eleconomista.es:
"El Gobierno ha decidido, finalmente, asignar a los registradores, la llevanza del Registro Civil, manteniéndose la gratuidad para el ciudadano, como hasta ahora. Así, lo comunicó ayer el Ministerio de Justicia a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
El decano de
la entidad colegial, Gonzalo Aguilera, informó ayer a través de una carta
remitida a todos los registradores, que "esta asignación se hace
con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de Registradores en los
aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del
Registro Civil, dentro del respeto, como es lógico, a la Ley de 2011
(Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil)".
En noviembre
de 2013, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores había rechazado la
asunción del Registro Civil mientras no se presentase una memoria económica
sobre su posible coste real y sin un sistema de financiación directo que
garantizase su viabilidad.
Aguilera
explicaba en una anterior misiva a los registradores, que la Junta de Gobierno
no consideraba asumible el Registro Civil "sin una organización
independiente y separada del Registro de la Propiedad y Mercantil, y sin un
sistema informático propuesto y realizado por el Colegio compatible con el
resto de las soluciones tecnológicas y servicios colegiales".
Mandato de la
Asamblea
Tras su toma
de posesión, Aguilera explicaba a elEconomista que aunque el
colectivo había dicho "no" al Registro Civil en la Asamblea General
de Zaragoza (abril de 2013), si Justicia decidía asignarles su llevanza,
"con todo respeto y dignidad, le propondríamos una serie de medidas para
su mejor llevanza en beneficio del interés público. Unas, de tipo organizativo,
otras de consenso político, social y jurídico sobre el proyecto y un sistema de
financiación adecuado".
La ponencia
aprobada en la Asamblea proponía que la Ley disponga, "sin ningún
tipo de ambigüedad", que la financiación del Registro Civil correrá a
cargo de sus usuarios. Para ello, se solicitaba que junto con la aprobación
de la Ley, de forma simultánea, se aprobase el arancel correspondiente y
entrase en vigor el Reglamento.
Reclamaba,
también, que se separen las oficinas del Registro Civil de las actuales de los
Registros de la Propiedad y Mercantil, con una consideración tributaria. Y,
además, que se prescindiese de las oficinas buzón, definidas en el
anteproyecto, estableciéndose oficinas del Registro Civil en las capitales de
provincia y en poblaciones que por habitantes o razones geográficas lo aconsejen.
En la carta
remitida ayer a los registradores, Aguilera les informa de que los aspectos
relativos a la demarcación registral, ya iniciada, serán reconsiderados,
procediéndose a una nueva propuesta por parte de la Dirección General de los
Registros y del Notariado (DGRN) para su aprobación por el Colegio.
Sobre la
propuesta de Registro electrónico del Ministerio de Justicia, rechazada también
en la Asamblea General, señala el decano que será diseñado, desarrollado y
gestionado íntegramente por el Colegio "de acuerdo con las pautas de
seguridad proporcionadas por la DGRN y acordadas con el Colegio".
Negociación
con Justicia
El decano
explica finalmente en su misiva, que se abre un proceso negociador con Justicia
sobre todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la
asunción de la nueva competencia por el colectivo de registradores.
En el
borrador de Real Decreto que se regula el Registro Electrónico se establece el
folio real electrónico y un sistema informático único aprobado por DGRN."
STAJ HA
PRESENTADO QUEJA ANTE EL MINISTERIO POR HABER OCULTADO A LOS TRABAJADORES, UNA
VEZ MAS, SUS PLANES, Y CONTINUARÁ LAS MOVILIZACIONES CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
DEL REGISTRO CIVIL, por demandarlo así tanto los funcionarios de Justicia como
los ciudadanos, que con las miles de firmas presentadas recientemente por STAJ
ante el Ministerio, han avalado que el Registro Civil siga siendo público y gratuito y gestionado por
funcionarios de la Administración de Justicia.