Aunque el miércoles jueces y fiscales se concentraron masivamente para protestar contra la Ley de Tasas Judiciales del Gobierno, los representantes de estos colectivos veían con recelos la postura del titular del juzgado de lo Social 1 de Benidorm, Carlos Vegas, que ha hecho público un escrito en la que anuncia que no va a aplicar la Ley de Tasas por considerarlas "desproporcionadas y abusivas". Los representantes de los jueces coincidieron en señalar que un magistrado no está por encima de la Ley y que si estima que alguna norma puede ir contra del ordenamiento, lo que debe hacer es acudir al Tribunal Constitucional. Las tasas todavía no se están cobrando, a pesar de que ya han sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, porque todavía no existen los impresos.Los sindicatos respaldaron la decisión del juez de Benidorm de suspender la aplicación de la Ley de Tasas. Los representantes de los trabajadores ya habían iniciado una campaña de recogida de firmas para protestar contra la Ley de Tasas Judiciales y otras iniciativas que tiene en marcha el Ministerio de Alberto Ruiz Gallardón. Desde UGT, el responsable del área de Justicia en Alicante, Juan Pedro Pelegrín, celebró la decisión del magistrado, "ya que son los jueces quienes tienen el poder real de paralizar el cobro de las tasas". Pelegrín se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional acabará "tumbando" los polémicos pagos. En parecidos términos se pronunciaba desde Comisiones Obreras, Marián Rubí de la Vega, quien consideró que "este tipo de posturas radicales son a veces necesarias. Los funcionarios no podemos adoptar este tipo de medidas y es positivo que los jueces den la cara en asuntos como éste". Desde la Intersindical, Rafael Redondo, expresó su apoyo a los razonamientos del magistrado ante la pretensión del Gobierno de cobrar unas tasas "salvajes y desproporcionadas que entorpecen el acceso de los ciudadanos a la Justicia". Desde el STAJ, Antonio Hidalgo, aseguró que esperaba que con actitudes como ésta el ministerio diera marcha atrás y retirara la Ley de Tasas y valoró positivamente la decisión. Las fuentes consultadas por este diario explicaron que una cuestión de inconstitucionalidad sobre el cobro de las tasas no supondría ninguna paralización en la tramitación del asunto, ya que su tramitación únicamente quedaría interrumpido en el caso de que el recurso afectara sobre el fondo del procedimiento