En la Conferencia Sectorial de Justicia que ha presidido el ministro Félix Bolaños el Ministerio y las comunidades han acordado por unanimidad la culminación de la implantación de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia a 31 de diciembre.
En el encuentro, las comunidades autónomas y el Ministerio se ha abordado el trabajo realizado para la tercera y última fase de implementación de la Ley, prevista para el próximo 31 de diciembre.
En
este sentido, han acordado por unanimidad que las oficinas judiciales que darán
apoyo técnico a todos los tribunales de instancia de las grandes ciudades
entrarán en funcionamiento a partir del 31 de diciembre, salvo en Oviedo, Gijón
y Avilés, que lo harán el 15 de febrero, con el fin de permitir a estos
partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos.
Asimismo, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado también por unanimidad dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo, sin afectar, en ningún caso, al servicio público de justicia que se presta a la ciudadanía. En todo caso, los medios personales y materiales están ya a disposición de los tribunales de instancia.
La ley introduce una reforma organizativa que moderniza una planta judicial diseñada en el siglo XIX: transforma los tradicionales juzgados unipersonales (3.800) en 431 Tribunales de Instancia, órganos colegiados donde los jueces se dividen en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.) y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.
Esta
reforma, trabajada durante lustros en el Ministerio, supone la mayor
transformación de la Justicia desde el siglo XIX.