El pasado 25 de mayo se cumplió un año desde que los
funcionarios de los cuerpos generales y especiales al servicio de la
Administración de Justicia de toda España protagonizábamos una de las mayores
manifestaciones que se recuerdan de empleados públicos de Justicia. La
manifestación se enmarcaba en las movilizaciones que veníamos realizando desde
marzo, que incluían la convocatoria de huelga desde el mes de abril y que ya en
mayo, había pasado a ser indefinida.
Es bueno recordar cuales eran los puntos fundamentales de la
plataforma reivindicativa:
-Paralización de la
LOEO.
-Reconocimiento
profesional y retributivo de las funciones que de forma efectiva realiza el
personal de los cuerpos generales de la Administración de Justicia.
-Incremento mensual del
Complemento General del Puesto: +430 euros para Forenses y Facultativos del
INTCF, +400 euros para Gestión y Técnicos Especialistas del INTCF, +375 euros
para Tramitación y Ayudantes Laboratorio, +350 euros para Auxilio Judicial.
-Negociación del Real
Decreto de Carrera Profesional al que se refiere el artículo 519.3 de la LOPJ.
-Eliminación de las
diferencias retributivas derivadas de los grupos de población.
En aquel tiempo, hace más de un
año, la entonces Ministra de Justicia, Pilar LLop, y el entonces Secretario
General del Servicio Público de Justicia, hoy Secretario de Estado de Justicia,
Manuel Olmedo, ya decían que podrían asumir negociar el incremento retributivo
pero no en el complemento general de puesto, de aplicación a todo el Estado,
sino en el complemento específico pero sólo para el ámbito no transferido.
Nadie, ni los trabajadores, ni
los sindicatos convocantes de la movilización y otras organizaciones que la apoyaron,
aceptamos este chantaje del Ministerio y por eso continuamos la huelga, hasta
que la celebración de elecciones políticas aconsejaron suspender las
movilizaciones en espera de la formación del nuevo Gobierno.
Un año después, estamos
igual que entonces. La LOEO no se ha paralizado, sólo se la ha cambiado el
nombre, pero tiene el mismo contenido nefasto para las condiciones de trabajo y
los derechos de los funcionarios de Justicia. Las funciones, lejos de
reconocerse, han encontrado en el Ministerio la negativa rotunda a revisarlas
mediante un tajante “ahora no toca”. De la carrera profesional, ni está, ni se
la espera. De la eliminación de los Grupos de población a efectos retributivos,
el Ministerio hace oídos sordos día tras día.
Y de retribuciones, al Ministerio
le ha bastado hacer lo mismo que hace un año antes pero, ahora sí, con la
complicidad de dos sindicatos, CSIF y UGT, abandonando la unidad sindical firmando
un acuerdo que renuncia a todas las reivindicaciones y que deja literalmente
tirados y a su suerte a todos los ámbitos transferidos.
¿Para esto nos hicieron perder a
los que participamos en la huelga todo el dinero que nos costó secundarla, a
muchos más de 3.000 euros e incluso más de 4.000? Si han acabado -aceptando lo
que proponía Ministerio hace un año, ¿por qué siguieron adelante con una
movilización que duró meses, mucho sacrificio y mucho dinero?
Mientras tanto, el Ministerio sigue con el rodillo de la Ley de Eficiencia, que esta semana se “negocia” en Mesa sectorial pero sin haber aceptado ni una sola de las peticiones sindicales y sin, por supuesto, negociar el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones por las que tanto hemos peleado.
STAJ, 27 de
mayo de 2024