Catalá
ha subrayado que la necesidad de un nuevo marco regulador del proceso penal es
una demanda histórica de los profesionales del sector y de las fuerzas
políticas. Tras la reforma de la LECrim de 2015, toca ahora revisar de manera
integral el proceso penal para otorgar al Ministerio Fiscal la dirección de la
investigación y fijar nuevas reglas que inyecten mayor eficacia, eficiencia y
agilidad en la persecución del delito. Una reforma que ha de acometerse en
paralelo a la reforma del Estatuto Fiscal, que atienda a las necesidades
formativas y operativas del Cuerpo, a su profesionalización y especialización y
que refuerce su autonomía en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto al procedimiento
civil, el objetivo es mejorar la ejecución de las sentencias. El ministro ha
indicado que en esta tarea la Oficina Judicial tiene que desempeñar un
papel fundamental ya que en aquellos territorios donde está implantada esta
organización se resuelve un 73% más que cuando funcionaban bajo el modelo
tradicional de juzgados y tribunales. Se trata también de agilizar el régimen
de comunicaciones y notificaciones y de analizar otras posibles medidas que
perfeccionen el actual proceso civil, reduzcan plazos e introduzcan mejoras
técnicas procesales. El ministro ha apostado también por la mediación, no solo
en los procedimientos declarativos, sino también en los de ejecución.
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