El abogado sevillano Joaquín Moeckel ha hecho pública recientemente la
denuncia interpuesta ante la Comisión Europea para que se abra un procedimiento
de infracción a España por el uso del sistema de comunicaciones telemáticas
Lexnet por la Administración de Justicia.
No es la primera, puesto que el letrado Javier de la Cueva ya
interpuso con anterioridad, el día 13 de mayo, la denuncia
originaria en el mismo sentido. En ella, el abogado considera que el
sistema Lexnet es contrario al principio de división de poderes del Estado,
vulnera el principio de independencia judicial, y también la privacidad de los
ciudadanos, con base en el artículo art. 47 y el art. 8, apartados 1 y 2, del
Convenio Europeo de Derechos Humanos y la LO 15/1999, de Protección de datos de
carácter personal.
El letrado Javier de la Cueva ha señalado que el "quid" de la
cuestión está en quién debe ser responsable del tratamiento de los
datos incorporados al sistema. En su opinión, el control que el Poder
Ejecutivo tiene sobre los flujos de entrada y salida de datos del Poder
Judicial es total. El Ministerio debe proporcionar los medios y equipamiento
para el funcionamiento del sistema, pero no debería poder hacer un tratamiento
de los datos, que incluso le permitiría trazar perfiles, que, a su juicio,
correspondería al poder judicial. Confía que la Comisión admita a trámite su
denuncia, y ha anunciado que, de todas formas, continuará con las
acciones legales en España.
Moeckel considera, por su parte, que la división de poderes se ve amenazada
pues el Gobierno puede conocer al momento cualquier dato registrado o
almacenado (nombres de los litigantes, datos de particulares, pruebas
propuestas, contenido de las demandas...), asegurando que el sistema se asemeja
a un "Gran Hermano" en el que el Ministerio controla todos los datos
de los procedimientos judiciales.
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