El Sindicato de Trabajadores de la Administración de
Justicia –STAJ- manifiesta la situación de caos en el primer día de entrada en vigor de la
reforma del Código Penal los funcionarios de la Administración de
Justicia y el perjuicio ciudadano que conlleva.
La
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal,entre otras,
contiene novedades sobre la prisión permanente revisable, libertad condicional,
nueva redacción de delito de asesinato, responsabilidad penal en sociedades
mercantiles, derogación de las faltas y su paso parcial a delitos leves y
redefinición de los delitos en términos generales.
STAJ considera que una reforma de tal entidad
exigía con carácter urgente y extraordinario que se impartieran cursos de
formación específica para los juzgados afectados, ya que están
en juego derechos fundamentales de los ciudadanos regulados en el Titulo
Primero de nuestra Carta Magna bajo el epígrafe derechos y libertades. Así
lo hemos exigido al Ministerio y a las CCAA competentes, con antelación a la
entrada en vigor de la reforma, sin que se haya atendido nuestra razonable
exigencia. Que nadie busque responsabilidades en los funcionarios de Justicia
ante los posibles perjuicios a los derechos de los ciudadanos, estas
responsabilidades descansan en los responsables políticos que permiten esta
situación.
Afirmamos que los funcionarios de
los Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación P.A. y Auxilio
Judicial, que somos los que tramitamos físicamente los asuntos, no se nos ha
facilitado información y explicación de esta importantísima reforma y ni mucho
menos se nos ha dictado un protocolo de actuación para su implantación. El
Ministerio y las Comunidades con competencias vuelven a confiar en que
los funcionarios de la
Administración de Justicia vamos a salvar otra nueva chapuza.
En el primer día de entrada en vigor, se vivió una caos en los
Juzgados de Guardia de toda España.
No existen herramientas informáticas y
modelos de resoluciones para aplicar la
reforma. Encontrándose los
funcionarios desamparados y teniendo que salvar la situación de descontrol individualmente.
No se han actualizado los sistemas
informáticos, ni tan siquiera para el registro de los asuntos que ingresan en
los Juzgados de Guardia, que se están salvando con la mejor de las voluntades y
sin ningún apoyo por parte de la Administración.
Es nuestro deber advertir que la falta de
criterio para la aplicación esta reforma puede causar daños a las libertades y
derechos de todos los ciudadanos y explicar que no somos los funcionarios
responsables sino víctimas de esta situación de desconcierto y disfunciones en
el sistema Judicial.
STAJ exhorta a la ciudadanía a exigir una
tutela Judicial que ponga a salvo sus derechos fundamentales y para ello ante
cualquier disfunción se realicen quejas formales que están a disposición
ciudadana en todas las sedes judiciales del País.
STAJ lamenta que los legisladores, sin entrar
en el fondo de la Ley,
aprueben las Leyes sin que quede garantizada que su aplicación se produzca
garantizando los medios técnicos y materiales y personales para llevarla a
efecto. Esta practica es contraria al sentido común. Así mismo consideramos
inadmisible que aún a pesar de nuestras peticiones de formación a los
funcionarios y la actualización de los sistemas y modelos informáticos las
distintas Administraciones con competencias en Justicia , no es que no hayan
hecho frente al desafió sino que se hayan puesto de perfil ante el vendaval que
se avecinaba.