Los ciudadanos pagaremos por los trámites del Registro Civil.

El anterior Gobierno promovió en 2011 un cambio legal que se aprobó en el Congreso por unanimidad para desjudicializar el registro civil. Dejó en el aire qué funcionarios asumirían la gestión hasta que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió que serían los registradores mercantiles los que asumieran esa función a pesar de que no tienen nada que ver con ese cometido, con el compromiso de no provocar encarecimiento o coste para los ciudadanos por el uso de este servicio que ahora es gratuito.

Sin embargo, los registradores mercantiles exigieron compensaciones que el actual titular de Justicia, Rafael Catalá, busca cómo satisfacer. Son funcionarios, pero sin salario público, con ingresos que dependen de sus gestiones y, además, deben utilizar a más personal para hacerse cargo de la gestión del registro civil. Por eso, las enmiendas que estudia Justicia y que presentará el PP en los próximos días han sido negociadas con el Colegio de Registradores, y en los borradores se establecen nuevos cometidos que sí costarán dinero a los ciudadanos. Por ejemplo, se establece que los poderes y los registros de seguros deben ser inscritos, trámite que hasta ahora no era necesario y por el que cobrarán los registradores.
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