STAJ volverá a solicitar la eliminación de las
subvenciones para formación y denuncia los presuntos fraudes.
La Justicia carga contra USO, implicado en el caso de
fraudes de cursos de formación en Galicia.
El Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña y la
Policía, investigan, en la denominada “operación zeta”, si es cierto o no que
Gerardo Crespo, empresario del sector de la formación y de las entidades de
ayuda al discapacitado, se alió con el presidente de los autónomos, Eliseo
Calviño; con el de los hosteleros; Héctor Cañete; con el responsable de
formación del sindicato USO, Alfonso Ares; con el líder vecinal y funcionario
de la Diputación Juan Chas; o con el ex alto cargo de Benestar Luis Álvarez Freijido,
para repartirse a su antojo las ayudas o subvenciones que les daban las
diferentes administraciones para la realización de cursos de formación que a
veces no se hacían o se hacían mal. El grupo de delincuencia económica de la
Policía dice tener pruebas más que suficientes para llevarlos al banquillo.
La documentación de la caja B de las empresas de Crespo
de la que se incautó la policía refleja abonos
por importe de 13.000 euros al sindicato USO Galicia. Para los
instructores, los pagos responden a las devoluciones que el empresario hacía a
las entidades que lo subcontrataban para realizar los cursos. El sumario
también recoge pruebas de que una empresa de Crespo pagaba el coche de alquiler
que utilizaban los sindicalistas para, supuestamente, llevar a cabo gestiones
de USO. Tres miembros del colectivo prestaron declaración ante la Policía
Judicial en Lonzas en calidad de imputados, pero no detenidos. La jueza que
instruye los hechos, por el momento, no decretó su imputación en el caso.
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