Recientemente el Ministerio de Justicia
ha aprobado la creación de 283 plazas de jueces y magistrados. En realidad,
esos jueces ya existen, lo que ocurre es que hasta ahora no tenían destino. Con
la creación de estas plazas,se normaliza su situación y en buena parte se les
confirma en las tareas que ya venían realizando, ya que actualmente ejercen
funciones de apoyo a otros jueces, aunque no tiene plaza, porque están en
expectativa de destino.
STAJ considera que la medida es
absolutamente insuficiente si la creación de nuevas plazas de jueces no se
acompaña del incremento de las plantillas de funcionarios de juzgados y
tribunales, a través de la convocatoria de oferta de empleo público suficiente,
así como de la cobertura de todos los puestos de trabajo, ya que existen muchas
plazas sin cubrir (más de 400 sólo en la Comunidad de Madrid).
La situación de los juzgados y
tribunales españoles es alarmante a causa de la sobrecarga brutal de trabajo de
jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia, como lo
atestiguan las estadísticas contenidas en las memorias de los diferentes
Tribunales Superiores de Justicia. Los juzgados de lo Social, los Mercantiles y
los de Primera Instancia están literalmente desbordados.
Además, el aumento de los casos de
corrupción y el incremento de su cuantía están colapsando los juzgados que
investigan estos asuntos, siempre extremadamente complejos y con un gran número
de imputados.
Los políticos confunden a la opinión
pública y le hacen creer que son los jueces y los funcionarios los responsables
de su lentitud. La realidad es bien distinta: los políticos son los auténticos
culpables porque han decidido no financiar a la Justicia y aplicarle los
conocidos recortes presupuestarios. Habrá que pensar que no les interesa, pero
STAJ advierte de que esta situación actual beneficia sólo a los corruptos y a
los delincuentes.
Por todo ello, STAJ ha solicitado el
incremento y adecuación de las plantillas de funcionarios de juzgados
y tribunales, la convocatoria de oferta de empleo público, y la
creación de nuevos órganos, especializados en la lucha contra la
corrupción, así como la potenciación de las fiscalías anticorrupción.
SUPRESIÓN DE SUBVENCIONES A SINDICATOS.-
Igualmente, STAJ ha instado al gobierno
a que elimine las subvenciones que se concede a las organizaciones sindicales,
especialmente las destinadas a la formación, en el ámbito de la Administración
pública. Los casos de corrupción afectan también a las organizaciones
sindicales que perciben este tipo de subvenciones.
STAJ considera que los sindicatos deben
subsistir sin necesidad de subvenciones, puesto que ya existen otras garantías
legales para el ejercicio de la acción sindical con medios suficientes. Las
subvenciones sobran porque generan corruptelas y, a veces, también corrupción.
Sindicatos como UGT, CC.OO o USO
están implicados en casos de fraude en las subvenciones, por lo que es
necesario acabar con el problema de raíz, eliminando las subvenciones.
La Administración es la que debe de
formar a sus funcionarios. STAJ renunció a la percepción de todo tipo de
subvenciones en 2010 y nunca las ha recibido para formación, por lo que es el
único sindicato de Justicia que no recibe subvenciones de ningún tipo. Esta
organización ha demostrado que, sin subvenciones es posible hacer sindicalismo
de calidad. Pero naturalmente, STAJ sólo hace sindicalismo; no es una academia;
no está presente en Consejos de Administración y no participa en institución
alguna que no esté estrictamente relacionada con la acción sindical.