El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por
unanimidad el recurso presentado por el Gobierno central contra varios
preceptos de la ley foral que regulan diversos aspectos del régimen jurídico
del personal al servicio de la Administración de Justicia de Navarra.
La sentencia considera que la norma recurrida invade
competencias que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, corresponden
de forma exclusiva al Estado.
La
sentencia del TC explica que esta atribución de competencias debe partir del
«deslinde» previo entre el «núcleo esencial» de la Administración de Justicia y
lo que ha venido en llamarse «administración de la administración de Justicia»,
referida al conjunto de medios personales y materiales que no se integran en
ese núcleo esencial de la Administración de Justicia sino que «se ponen al
servicio» de la misma.
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