jueves, 16 de octubre de 2014

Catalá garantiza a Feijóo que mantendrá la actual estructura de partidos judiciales.


No habrá cambios en la planta judicial de Galicia. Así se lo trasladó ayer al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien se mostró defensor de los partidos judiciales como garantes de "un servicio de proximidad a los ciudadanos". De esta manera corrige la propuesta del anterior ministro Alberto Ruiz Gallardón, que planteaba una reforma integral de la estructura judicial donde el papel protagonista quedaría para los tribunales de instancia.
Quince días después de tomar posesión como ministro en sustitución de Gallardón, Catalá reconoció las "inquietudes" que planteaba la reforma de la estructura de la planta judicial e insistió en la necesidad de presentar un proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial "que cuente con el máximo consenso". Por ello convocará una conferencia sectorial en los próximos días.
Según explicó al titular de la Xunta en una reunión en Madrid, no va a hacer "una cuestión fundamental de esa planta como elemento estructural" porque, según aclaró, lo que importa es que funcione la organización judicial.
"Soy firmemente partidario de mantener la actual estructura judicial", reiteró por la tarde en el Congreso. Catalá no mencionó los tribunales de instancia que eran los ejes de la reforma de Gallardón.
Sus palabras dejaron "tranquilo y satisfecho" a Feijóo, quien destacó que, de esta manera, la planta judicial gallega "queda en situación de seguridad y de estabilidad".
En todo caso, Catalá aclaró que mantener la actual planta judicial no significa que renuncie a introducir mejoras organizativas para ganar en "eficacia y agilizar la respuesta al ciudadano".
El ministro de Justicia mantendrá además los juzgados de paz y se comprometió a revisar las tasas judiciales, aunque no dio detalles. Además, en su comparecencia, en el Congreso se comprometió a reforzar los medios de la Fiscalía en su lucha contra la corrupción, así como establecer medidas para agilizar los macroprocesos y establecer un plazo máximo "orientativo" para la instrucción de los asuntos. 

Fuente Faro de Vigo.