El ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado en el Congreso de los Diputados la modificación parcial de la ley de tasas judiciales, una de las más polémicas de la legislatura, que ha provocado protestas de todos los colectivos y que fue defendida con ardor por el Gobierno, encabezado por él mismo.
Solo dos meses después de entrar en vigor la norma que extendía a todas las jurisdicciones salvo la penal las tasas y elevaba su cuantía, el ministro ha explicado que aprobará en breve un decreto que modificará esa ley y que anticipará aspectos concretos del proyecto de ley de Justicia gratuita que prepara.
La rectificación se basa en un informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que le ha hecho ver disfunciones concretas de esa norma. Gallardón mantiene la filosofía de las tasas pero ha aceptado estudiar rebajas de cuantías en algunos casos y la eliminación, por ejemplo, para los casos de desahucios de primeras viviendas.
Otros casos se refieren a recursos de la legislación social (laboral), para recursos de personas jurídicas y para casos de civil y mercantil con cuantía variable. También se anticipará la supresión para casos vinculados a malos tratos, aunque no ha especificado más y ha anunciado que la rectificación estará concluida esta misma semana.