Desde STAJ seguimos sin
comprender por qué los Grupos políticos se han negado a debatir la Proposición,
sin siquiera aportar una sola enmienda al texto inicial presentado por el
Gobierno a través del Partido Popular; texto que, aunque manifiestamente
mejorable, rectificaba las peligrosas previsiones de la Ley de 2011 que,
conviene recordarlo, prevé la creación unas pocas nuevas Oficinas de Registro
Civil en cada Comunidad Autónoma, pero cerrando todos los Registros
Civiles actuales eliminando miles de puestos de trabajo en los Juzgados
encargados de su llevanza. Ese texto que, como decimos, era manifiestamente
mejorable, podría haberse enriquecido con las aportaciones del resto de Grupos
mediante la presentación de enmiendas, pero nuestros representantes políticos
han renunciado a ello impidiendo la tramitación parlamentaria de la proposición
de Ley.
Lamentamos que las disputas y estrategias
políticas de cara a futuros procesos electorales hayan provocado una situación
de bloqueo intolerable y por eso STAJ, en unidad de acción con el
resto de organizaciones sindicales representativas de Justicia, exigirá
a Ministerio y Partidos Políticos que busquen una solución pactada que
además de modernizar el Registro Civil, lo mantenga como servicio público
gratuito y cercano a la ciudadanía, integrado en la Administración de Justicia,
manteniendo su demarcación y estructura actuales y los Juzgados de Paz y, por
tanto, con todo el personal que actualmente ostenta funciones registrales.
Los cuatro sindicatos también recabaremos nuevamente el apoyo de la
Federación Española de Municipios y Provincias, pues entendemos precisa su
implicación dado que los municipios, especialmente los de menos población -que
son mayoría-, se verán seriamente afectados por la Ley de 2011, si no se
rectifica.