El
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha dado cuenta de que, con su
“plan de urgencia”, estaba haciendo castillos en el aire, porque el órgano de
autogobierno de los jueces no dispone de los medios materiales y humanos para
ponerlo en marcha; es una potestad que sólo poseen el Ministerio de Justicia y
las Comunidades Autónomas.
Así
se lo hicieron ver los jueces decanos en la reunión que mantuvieron con el presidente de la institución, Carlos Lesmes, y la Comisión
Permanente el pasado martes.
Las
Juntas de Jueces de Primera Instancia de Madrid y Valencia lo dejaron muy clarito en sendos
acuerdos. Lo mismo que la Asociación Profesional de la Magistratura.
La
realidad parece haberse impuesto.
De
ahí que el CGPJ haya hecho público este comunicado, que, de alguna forma,
pone la venda antes de la herida, a la vista de los escasos recursos, de toda
índole, disponibles para esta apuesta:
“El
Pleno del CGPJ, ante la necesidad de contar con los medios personales y
materiales para poner en marcha el plan de urgencia que dé respuesta a la
previsible entrada masiva de asuntos conocidos como cláusulas suelo, muestra
su preocupación por la escasez actual de los mismos, y manifiesta que no lo
pondrá en funcionamiento si no cuenta con medios suficientes. A tal fin insta
a las Administraciones Públicas con competencia en la materia a que habiliten
los recursos, incluso extraordinarios, para hacer viable este plan de
refuerzo”.
Y
añaden: “Asimismo insta al Ministerio de Justicia para que proceda a crear las
plazas judiciales de JATs precisas para asumir este plan, además de las
restantes que integren el plan anual de creación de plazas”.
El
presidente Lesmes,
en la reunión con los jueces decanos, reconoció que si no contaban con el
compromiso y el apoyo de las Comunidades Autónomas con competencias
transferidas -el ministro Rafael Catalá, al parecer, ha puesto toda la carne
en el asador-, el “plan de urgencia” no conseguiría despegar.